El Congreso del Estado, durante el Octavo Período Extraordinario de Sesiones, votó a favor el dictamen presentado por las diputadas Alma Portillo y Brenda Ríos, en representación de la Comisión de Fiscalización, en el cual se da por concluido el proceso de revisión del Informe General 2025 de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), del Gobierno del Estado y de los Municipios.
El informe fue entregado al Poder Legislativo en diciembre de 2025 y concentra los resultados de la fiscalización realizada a dependencias estatales, organismos autónomos, entidades descentralizadas y los 67 municipios de la entidad.
De acuerdo con el documento, la ASE llevó a cabo 212 auditorías y una revisión especial, que incluyeron auditorías de cumplimiento financiero, obra pública, desempeño y auditorías forenses. Como resultado, se determinaron 2 mil 606 observaciones, además de dos observaciones adicionales derivadas de una revisión específica.
Los municipios concentraron la mayor cantidad de señalamientos, con 1 mil 907 observaciones, seguidos por organismos autónomos y otras entidades fiscalizadas. Asimismo, la fiscalización derivó en 1 mil 971 recomendaciones y 703 acciones.
Como parte de los hallazgos, la Auditoría Superior propuso al Congreso una serie de reformas legales orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Entre ellas destacan la actualización de la Ley de Deuda Pública del Estado, modificaciones a la legislación en materia de adquisiciones y obra pública, así como nuevas disposiciones para reforzar la verificación de proveedores y contratistas que participan en procesos de contratación gubernamental.
La Comisión de Fiscalización concluyó que el Informe General cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado y contiene elementos técnicos suficientes para dar por terminado el proceso legislativo de revisión de la Cuenta Pública 2024.
No obstante, el dictamen aclara que la aprobación del Congreso no detiene las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, por lo que las investigaciones, procedimientos administrativos y denuncias derivadas de las auditorías continuarán su trámite conforme a la legislación vigente.