La diputada Paloma Domínguez Ugarte presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), con el objetivo de fortalecer la defensa de los compradores y establecer reglas más claras sobre la información del contenido neto en productos preenvasados. La propuesta busca evitar prácticas comerciales engañosas y reducir interpretaciones arbitrarias durante los procesos de vigilancia administrativa.
La iniciativa plantea cambios a los artículos 32, 128 Ter y 129 de la LFPC para precisar cuándo la información de un producto puede considerarse engañosa por no corresponder con la cantidad real declarada en el empaque. De acuerdo con la legisladora, se tomarán como referencia las tolerancias establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), además de considerar como casos particularmente graves aquellos donde el contenido real sea menor al declarado por encima del doble de los límites permitidos.
La propuesta también contempla ajustes al esquema de sanciones para evitar una doble aplicación de multas económicas por reincidencia, manteniendo como medida independiente el arresto administrativo de hasta 36 horas. Domínguez Ugarte señaló que la reforma busca equilibrar la protección de los consumidores con la certeza jurídica para los proveedores, promoviendo prácticas comerciales responsables y transparentes.
¿Qué busca cambiar la iniciativa?
- Definir con mayor precisión qué constituye información engañosa.
- Proteger el patrimonio de las familias mexicanas.
- Aplicar sanciones proporcionales al daño causado.
- Evitar criterios subjetivos durante las inspecciones.
Nuevas reglas para el contenido neto
La propuesta establece que los datos sobre la cantidad de producto declarada en los envases deberán cumplir con los parámetros establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas. Cuando exista una diferencia significativa entre lo anunciado y lo entregado al consumidor, podría considerarse una falta grave.
Objetivo de la reforma
La iniciativa pretende modernizar la legislación de protección al consumidor y armonizarla con los estándares actuales de regulación, garantizando mayor confianza en los productos adquiridos y reglas claras para las empresas.