Chihuahua, Chih., Este jueves en la sesión del Congreso del Estado los Diputados Rosana Díaz de Morena y Guillermo Ramírez del PRI unieron fuerzas y presentaron una iniciativa para tipificar y sancionar una modalidad específica y lacerante de fraude que, con un marcado sesgo de género, atenta contra la dignidad, la libertad y el patrimonio de las personas más vulnerables del pueblo chihuahuense.
Fue en la voz de la legisladora morenista Rosana Díaz donde recayó la exposición de motivos de tan sentida iniciativa impulsada por ambos legisladores.
Comparecemos ante esta Soberanía impulsados por la profunda convicción de que nuestra responsabilidad legislativa alcanza su mayor legitimidad cuando se convierte en trinchera contra la injusticia y en escudo firme para los sectores históricamente marginados de nuestra sociedad.
La indiferencia no debe ser quien nos conduzca ante el sufrimiento que germina en las sombras de esquemas comerciales aparentemente lícitos, pero que en la realidad de la operación esconden mecanismos de explotación y fraude, dejando a su paso desolación y desesperanza en incontables hogares chihuahuenses.
Lo que hoy nos une al Diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez y a una servidora es un grave problema social que hiere sensiblemente a un grande sector de la población chihuahuense, afectando de manera desproporcionada y sistemática a miles de mujeres: jefas de familia, trabajadoras, adultas mayores, quienes en su búsqueda diaria y legítima por el sustento y el bienestar de sus familias, son captadas por empresas que, bajo la promesa de una oportunidad económica a través de la distribución de «vales» comerciales, las someten a un ciclo perverso de endeudamiento, coacción y violencia económica y psicológica que lejos de brindarles un futuro mejor, las condenan a la pérdida de su patrimonio.
Las principales víctimas de este tipo de fraude son mujeres que se encuentran en un punto de vulnerabilidad económica, muchas veces por el simple hecho de ser madres solteras, abuelas o jefas de familia. Por ello, proponemos una reforma que no solo tipifique penalmente esta modalidad de fraude con claridad y contundencia, sino que también reconozca una verdad ineludible: cuando la víctima es una mujer, las consecuencias sociales, familiares y personales del delito se agravan.
Esta es una oportunidad para que desde el Poder Legislativo se actúe con responsabilidad, sensibilidad y perspectiva de género reconociendo que la protección a las personas más vulnerables debe ser una prioridad del Estado, concluyó.