Chihuahua, Chih.- La diputada Isela Martínez Díaz presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, a fin de que analice a detalle y con responsabilidad la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, y pondere los efectos negativos que trae sobre las finanzas de los estados y la capacidad de reacción de los mismos.
La legisladora de Acción Nacional informó que el pasado 3 de octubre, el Poder Ejecutivo Federal presentó una iniciativa con la finalidad de expedir una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo, la cual pretende imponer a las entidades federativas la responsabilidad de destinar recursos para atender desastres y situaciones de emergencias. Además, busca la suplencia de los fondos para la prevención de desastres por instrumentos presupuestarios de carácter federal para la gestión de los riesgos. También contempla sustituir las declaratorias de emergencia y desastres por “acuerdos”, para establecer una situación de emergencia, con la vigencia que el evento requiera.
Con esta iniciativa, se demuestra la pretensión del Presidente de la República, para deslindarse totalmente de las responsabilidades que tiene a su cargo y se aprecia una conducta reiterada en la que los gobiernos de las Entidades Federativas solicitan las declaratorias de emergencia y desastre, ante situaciones naturales y sociales, las cuales resultan en una negativa o aplazamiento por parte del Gobierno Federal, perdiendo así, tiempo de acción en los primeros instantes, los cuales la mayoría de veces, son críticos.
Isela Martínez señaló que este tipo de políticas buscan desmantelar las instituciones que tanto le han costado a los mexicanos y muestra de ello es el año 2020, en el que se aprobó la extinción de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), los cuales tenían el objeto de ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que producía alguna situación de emergencia, sin comprometer los presupuestos que ya se encontraban destinados para otro rubro.
Por otro lado, uno de los efectos de emitir declaratorias de emergencia tardías o no brindar el apoyo necesario, es la afectación al sector económico de cada región, como en el caso de Chihuahua donde se sufre de forma recurrente situaciones de sequía y no existe una respuesta del Gobierno Federal los sectores que más dependen de las lluvias.
Finalmente, hizo hincapié en que México es un país con una extensa geografía y propenso a sufrir situaciones de emergencia debido al clima, por lo que es necesario que esta iniciativa presentada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador sea analizada con gran cuidado y tomando en cuenta las capacidades económicas y de respuesta que tienen las entidades federativas.