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Gobiernos deben incrementar financiación por perjuicios al ambiente

por Redacción

Ante el pleno del Congreso del Estado, y como representante de los chihuahuenses en dicha tribuna presenté una Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto a Gobierno Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que implemente estrategias en lo local que apoyen a la mitigación del calentamiento del planeta.

El principal objetivo es que los gobiernos, de todos los niveles, faciliten la financiación por pérdida y daños; es decir, que se fortalezcan los mecanismos de indemnización por prejuicios al ambiente.

La política representa un reforzamiento al compromiso con la emergencia climática.

En mi exposición de motivos, argumenté que el modelo de la COP, que es la gran cita anual de las Naciones Unidas, para combatir el cambio climático, puede replicarse a nivel nacional y estatal.

La COP es conocida porque implementa gobernanza internacional en torno al cuidado al ambiente; en la última sesión 193 países signaron los compromisos para adherirse a políticas que minimicen su impacto.

Aunque al igual que en la edición anterior (26), las Partes (países) no fueron capaces de llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fijar el tope de 1,5 grados (Artículo 2 del Acuerdo de Paris). No obstante, se acordó poner en marcha un programa de trabajo de dos diálogos mundiales anuales, para aumentar los compromisos hacia la mitigación.

Adicionalmente, se logró alcanzar acuerdos parciales en materias de protección de bosques y agricultura sostenible, junto a otras iniciativas lideradas por organismos internacionales referentes a la financiación ante desastres naturales.
A pesar de que la Conferencia de las Partes no representó un nuevo hito en materia climática, sí es posible vislumbrar un progreso en materia de justicia climática, protección de bosques y el carbono neutralidad. Dentro de los 66 puntos del documento final de la COP27, los más destacados son:

1. Financiación por pérdida y daños
2. Carbono neutralidad
3. Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro y Red de Tecnología del Clima
4. Bosques
5. Agricultura y seguridad alimentaria

En la COP26, uno de los temas que había quedado pendiente, era el reconocimiento político de una “justicia climática” que permitiera financiación por “pérdidas y daños” a los países “más vulnerables” afectados por los desastres climáticos.
Si bien la Cumbre de Sharm el Sheikh 2022 no representa un hito a la hora de buscar mayores compromisos -principalmente por parte de los principales emisores globales de GEI- sí alcanzó un consenso inesperado que permitirá acordar arreglos económicos, a través de un mecanismo que será especificado más adelante.

No obstante, en materia de mitigación, se logró acordar un programa de trabajo que permita reunirse dos veces al año para abordar acciones más concretas entre las Partes.

Sin embargo, la falta de compromiso expresado en la COP27, es visto como la falta de aprovechamiento de una oportunidad por tomar una acción real ante la emergencia climática y la preponderante presión e influencia que aún ejerce la industria de combustibles fósiles.

Ante la falta de compromisos en la edición 2022, el secretario general de las Naciones Unidas anunció que convocará una «cumbre sobre la ambición climática» en 2023, antes de que concluya el balance en la COP28 del próximo año.

La adopción de medidas más contundentes por parte no solo de los principales productores de combustibles, sino también de países como China, India e Indonesia -quienes juntos representan casi el 40% de la población mundial- harán la diferencia en los próximos años, en virtud no solo de sus grandes proporciones, sino también porque son países donde aún es extensivo el uso del carbón, los combustibles fósiles, la deforestación y otras industrias contaminantes.

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