El Congreso de Chihuahua aprobó por mayoría la petición del diputado Arturo Medina Aguirre para exhortar a los municipios del estado a promover controversias constitucionales contra la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Según el legislador, ambas normas fueron aprobadas sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, lo que constituye una violación a su autonomía y a su capacidad para gestionar servicios de agua potable y saneamiento.
Medina Aguirre recordó que el artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre cualquier medida que les afecte directamente, situación que —dijo— fue ignorada pese a que las reformas impactan sus sistemas comunitarios de agua regulados en el artículo 43 de la ley. Señaló que esta omisión vulnera los derechos colectivos de pueblos como los Rarámuri, Pima, Guarojío y Tepehuano, quienes históricamente han administrado el recurso bajo sus usos y costumbres. Además, advirtió que la centralización del control del agua representaría un “grave riesgo” para el campo chihuahuense, encareciendo la producción agrícola y ganadera y afectando derechos previamente adquiridos.
En la misma sesión, fue aprobada una moción del diputado Ismael Pérez Pavía para agregar un resolutivo que pide a los municipios evaluar promover controversias constitucionales una vez que las reformas entren en vigor, derivado de su expedición sin consulta a comunidades indígenas y afromexicanas. Los legisladores coincidieron en que acudir a la Suprema Corte es indispensable para defender el principio de consulta previa, proteger los derechos colectivos y garantizar la autonomía de los sistemas comunitarios de agua en Chihuahua.