La aprobación de la ley reglamentaria de la Ley General de Aguas, sigue durmiendo el «sueño de los justos», esto pese al ordenamiento emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reponer la misma, «como plazo máximo en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso», señaló el legislador priista Omar Bazán.
Como antecedente, el pasado 8 de febrero, se publicó la reforma constitucional que incorporó el derecho humano al agua como una obligación del Estado mexicano, no así la reglamentaria correspondiente.
Un aspecto que ha retrasado la aprobación, se ventila en el estudio: “Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República (LXV Legislatura)”, elaborado por el investigador Itzkuauhtli Benedicto Zamora Sáenz.
En el texto, que se publicó en el portal www.diariojuridico.com, destaca que la mayoría de las propuestas legislativas que se han puesto sobre la mesa proponen modificar la ley vigente y solo una plantea la expedición de un nuevo ordenamiento de carácter general como lo dispone el artículo 4 constitucional, dijo Omar Bazán.
La investigación apunta que los temas que más interés han generado en el Senado se relacionan con el uso doméstico y agrícola del agua, con aspectos institucionales en la gestión del agua y con la calidad de este líquido.
Por otro lado, se encuentra la discusión legislativa sobre la pertinencia de crear una Secretaría del Agua, lo que podría formar parte de la deliberación en torno a la Ley General que no ha logrado aprobarse.
No obstante, todo marco jurídico debe generar obligaciones, para que las acciones programáticas no sean discrecionales.
De ahí que en nuestra legislación federal, abundan las disposiciones declarativas que no se traducen en verdaderas obligaciones impuestas a los Estados, con sanciones severas en caso de que no las ejecute.
Quisiera ponderar, sostuvo, que el retraso en la puesta en marcha de la ley se traduce en problemas reportados en algunos estados de la República.
Hoy por hoy, pareciera que no se avanza en la misma velocidad que el cambio climático restringe el acceso al vital liquido, se percibe un rezago normativo, que no afronta el problema de forma activa y eficaz, por lo que se deben delinear con mayor especificación las acciones de gobierno que deben contribuir de manera rápida y efectiva al uso sustentable del agua en la agricultura, generando cambios para una mayor efectividad de las políticas públicas.
Es importante que se registren los requerimientos específicos de agua de nuestros cultivos tradicionales, su variación dependiendo de las condiciones climáticas regionales y ello se relacionen con la tecnología adoptada para la producción y su comparación con los rendimientos correspondientes, que de forma científica soporte decisiones de políticas públicas que logren cambios de cultivos o cambio de tecnologías de usos del agua.