El Congreso de Chihuahua envió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto con la que se propone reducir de tres meses a 30 días el plazo máximo para que las autoridades federales resuelvan las solicitudes presentadas por la ciudadanía.
En este sentido la diputada Irlanda Márquez Nolasco en representación de a Comisión de Justicia refirió que la petición plantea reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y judiciales, fortaleciendo el acceso efectivo a la justicia y garantizando resoluciones oportunas y eficaces.
Dicha petición, surge de acuerdo a lo expresado en la iniciativa de diputadas y diputados del PAN, por los plazos excesivos que las autoridades federales pueden tardar en dar respuesta a solicitudes de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de situaciones que requieren una respuesta urgente o cuando la vida de personas está en riesgo.
Agregó que algunas dependencias e instituciones, pueden demorar hasta tres meses en responder a una solicitud, lo que resulta en una práctica habitual de «silencio administrativo». Esto contraviene el principio constitucional del derecho de petición, que exige una respuesta oportuna y motivada.
El «silencio administrativo» se interpreta legalmente como una resolución negativa ficta, lo que implica que, si no hay respuesta en el plazo establecido, la solicitud se considera denegada y la persona interesada puede recurrir a un procedimiento legal para impugnarla. Sin embargo, el problema que señala es la ambigüedad en la ley sobre los plazos específicos para responder, lo que da lugar a interpretaciones arbitrarias y genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en las autoridades.
Con la reforma se pretende contribuir al fortalecimiento de diversos derechos humanos y garantías individuales, destacando el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a una buena administración pública ya que al reducir los plazos legales de respuesta, se busca evitar la dilación indebida en los trámites, promover una actuación más eficiente de las autoridades y asegurar que la ciudadanía reciba respuestas claras y oportunas, generando mayor certeza jurídica y transparencia en la actuación gubernamental.