La diputada federal Mónica Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó en San Lázaro que el gobierno federal pretende utilizar la nueva Ley de Aguas para apropiarse del recurso, concentrar la facultad de otorgar concesiones y ejercer control político contra adversarios y sectores productivos. Durante el debate legislativo, aseguró que la iniciativa enviada por el Ejecutivo convertiría el agua en un activo del gobierno, dejando de lado su carácter de derecho humano y vulnerando garantías fundamentales.
Sandoval advirtió que la propuesta surge en un contexto de crisis nacional, recordando una larga lista de indicadores que evidencian retrocesos: menos carreteras y caminos, aumento del rezago educativo, más personas sin acceso a salud, alimentación y vivienda digna, así como el deterioro generalizado de instalaciones del IMSS e IMSS-Bienestar. Señaló que, pese a múltiples reformas promovidas por el oficialismo, los problemas de fondo no solo persisten, sino que se han agudizado. En este escenario, acusó que el gobierno “está quebrado” y busca recursos para mantener prácticas de corrupción y beneficiar a allegados.
La diputada priista sostuvo que la iniciativa criminaliza a los productores agrícolas al restringir su capacidad de heredar, arrendar, prestar o vender tierras con fuentes hídricas, y advirtió que incluso poseer o usar un pozo podría considerarse delito bajo la nueva regulación. Subrayó que los agricultores no son criminales, sino el motor del campo mexicano, y llamó a frenar una ley que, dijo, amenaza con destruir al sector productivo del país bajo fines de control político.