El Instituto Nacional Electoral emitió un posicionamiento sobre la iniciativa presentada el pasado 22 de mayo por la Presidencia de la República, la cual propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar posibles riesgos relacionados con aspirantes a cargos de elección popular. El organismo electoral señaló que comparte el objetivo de impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos, aunque advirtió que el nuevo esquema debe delimitar claramente las responsabilidades institucionales para no comprometer la neutralidad del árbitro electoral.
Así funcionaría la nueva Comisión de Integridad
De acuerdo con el análisis técnico preliminar realizado por el INE, la propuesta contempla la creación de un órgano permanente integrado por cinco consejeras y consejeros electorales, con presidencia rotativa anual. Esta comisión serviría como enlace confidencial entre partidos políticos y autoridades federales de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, incluyendo a la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El procedimiento planteado establece que los partidos políticos podrían enviar, de manera voluntaria, los perfiles de sus aspirantes para ser sometidos a revisiones de riesgo. Posteriormente, las autoridades competentes determinarían si existe o no un “riesgo razonable” y el resultado sería notificado bajo estricta confidencialidad. El INE aclaró que esta medida no sustituye la responsabilidad de los partidos en la selección de candidaturas.
INE rechaza convertirse en “juez” electoral
Durante el pronunciamiento, el organismo enfatizó que su función constitucional es organizar elecciones y garantizar legalidad, transparencia y equidad, pero no investigar ni juzgar la integridad de las personas aspirantes. El Instituto advirtió que asumir funciones de valoración moral o judicial podría colocarlo “en el centro de la disputa política”, afectando su papel como autoridad imparcial.
Asimismo, el INE señaló que, en caso de aprobarse otra reforma relacionada con el uso de recursos extranjeros en campañas, será necesario crear nuevos lineamientos y mecanismos de control para evitar injerencias ilegales en los procesos electorales. Finalmente, el organismo reiteró su disposición para colaborar técnicamente con el Congreso de la Unión y sostuvo que el combate a la infiltración criminal debe ser una responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado mexicano.