La diputada Edith Palma Ontiveros, integrante del grupo parlamentario de morena en el Congreso de Chihuahua, presentó una ambiciosa iniciativa para reformar y armonizar la Constitución local con las recientes modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un esfuerzo por garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el estado.
El pasado 30 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 2º de la Constitución federal, cuyo propósito es el reconocimiento expreso de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, tanto en su dimensión individual como colectiva, y las obligaciones del Estado para su respeto y protección. Este avance a nivel nacional ha servido como base para la propuesta de la diputada Palma, quien destacó la importancia de que Chihuahua actualice su marco normativo local para proteger de manera más efectiva los derechos de las comunidades originarias y aquellos migrantes que radican en el estado.
“La reforma constitucional nacional es un paso importante para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, es imperativo que nuestra legislación local esté a la altura de esos avances, para que los derechos de nuestros pueblos indígenas sean reconocidos y respetados en todos los aspectos, desde la participación política hasta el acceso a la justicia”, afirmó la diputada Palma durante la presentación de su iniciativa.
En su propuesta, Palma subraya la necesidad de observar los derechos de los pueblos indígenas bajo una “visión intercultural”, que considere la cosmovisión, la lengua, los sistemas normativos internos y las realidades socioculturales de estas comunidades. La reforma a la Constitución estatal buscaría garantizar el respeto a su autonomía, sus tradiciones, y la implementación de políticas públicas que fomenten su desarrollo integral, en un marco libre de discriminación y racismo.
Una de las principales novedades que introduce esta reforma es la protección explícita de los derechos de las mujeres indígenas, la cual busca garantizar su participación en la toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el de la administración pública. Además, se plantea el fortalecimiento de la educación intercultural y plurilingüe, así como el impulso a la economía de las comunidades indígenas, especialmente a través de la promoción de la agroecología y el respeto por los cultivos tradicionales y la utilización sustentable de sus tierras.
La diputada también destacó la importancia de fortalecer el derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizando que las comunidades indígenas puedan participar activamente en las decisiones que afecten sus derechos. En este sentido, recordó que el Congreso del Estado de Chihuahua ya había avanzado en la creación de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas en 2024, un paso clave para asegurar que sus voces sean escuchadas en el proceso legislativo y de desarrollo de políticas públicas.
En materia de justicia, Palma Ontiveros destacó la reforma que obliga a las autoridades jurisdiccionales a garantizar que las personas indígenas tengan acceso a intérpretes, traductores y peritos especializados, lo que fortalece el acceso a la justicia en su lengua y bajo sus propios marcos culturales. Esta medida, recordó la diputada, ya se había implementado en la Constitución local desde 2023 con la creación del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes del Poder Judicial, un esfuerzo pionero para garantizar este derecho en el estado.
Además de estos avances, la reforma propuesta por la diputada incluye un reconocimiento explícito a las comunidades afromexicanas en la Constitución del estado, un sector históricamente invisibilizado en el ámbito local, pero que representa a más de 60 mil personas en Chihuahua, según datos del INEGI.
En cuanto a los temas agrarios, la reforma busca reforzar la protección de las prácticas agrícolas tradicionales de los pueblos indígenas, promoviendo la agroecología y el uso sustentable de sus recursos naturales, así como la protección de sus tierras y territorios, a menudo objeto de explotación sin que las comunidades originarias reciban beneficios.
“Es esencial que nuestro marco constitucional reconozca no solo los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, sino también sus aportaciones al desarrollo económico, cultural y social de Chihuahua. Hoy, con esta reforma, estamos dando un paso más hacia la justicia histórica, para que nuestros pueblos originarios puedan vivir con dignidad, respetando su identidad y autonomía”, concluyó la diputada Edith Palma Ontiveros.
Con esta iniciativa, Chihuahua podría convertirse en un estado pionero en la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, estableciendo un marco jurídico que no solo reconozca sus derechos, sino que garantice su inclusión activa en todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del estado.
La propuesta de reforma será discutida en los próximos días en el Congreso del Estado, con el objetivo de seguir avanzando en la construcción de un estado más justo, equitativo e inclusivo para todos los chihuahuenses.