El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, advirtió que una eventual separación del cargo de Rubén Rocha Moya no debe quedarse en una medida política, sino marcar el inicio de una investigación profunda sobre la posible infiltración del crimen organizado en el poder público en Sinaloa.
El legislador sostuvo que la exigencia social va más allá de licencias temporales, pues demanda una revisión exhaustiva de actores políticos, funcionarios y operadores gubernamentales presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Señaló que en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California han persistido durante años denuncias de posibles nexos entre el poder político y el narcotráfico. “El país no puede seguir actuando solo bajo presión externa; se requieren decisiones firmes desde dentro con instituciones que respondan a la ciudadanía”, enfatizó.
Medina subrayó que la defensa de la soberanía implica también evitar que grupos criminales se conviertan en poderes paralelos capaces de influir en gobiernos y procesos electorales. En ese sentido, urgió a la Fiscalía General de la República a realizar investigaciones sólidas y sin simulaciones, advirtiendo que la colusión con el crimen organizado constituye una de las formas más graves de traición al Estado. Finalmente, llamó a que el combate a la infiltración criminal deje de ser reactivo o partidista y se convierta en una política de Estado.