El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una nueva ofensiva política al promover una iniciativa que busca impedir de manera permanente que funcionarios vinculados con el crimen organizado vuelvan a ocupar cargos públicos. La propuesta, respaldada por el dirigente nacional priista Alejandro Moreno, plantea endurecer las sanciones contra servidores públicos involucrados en redes delictivas y financiamiento ilegal en campañas políticas.
La dirigencia nacional del PRI señaló que la reforma pretende modificar el Artículo 109 de la Constitución para establecer la inhabilitación de por vida a quienes mantengan nexos con grupos criminales o participen en esquemas de corrupción institucional. La iniciativa fue presentada por el diputado Christian Castro Bello y contempla aplicar la medida a funcionarios electos, designados o nombrados mediante cualquier mecanismo legal. Además, el partido aseguró que la ciudadanía exige acciones firmes ante la creciente preocupación por presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas.
El posicionamiento del PRI ocurre luego de los señalamientos surgidos en Sinaloa sobre una supuesta red de funcionarios relacionados con el crimen organizado, entre ellos figuras de Morena como Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. A través de redes sociales, el tricolor intensificó su discurso contra los llamados “narcopolíticos”, al advertir que quienes traicionen al país deben enfrentar todo el peso de la ley y quedar excluidos definitivamente del servicio público.
Puntos clave de la propuesta
- Inhabilitación permanente a funcionarios ligados al crimen organizado
- Reforma al Artículo 109 constitucional
- Sanciones por financiamiento ilícito en campañas
- Aplicación a cargos de elección, designación o nombramiento