Tras la aprobación en Estados Unidos de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes, la diputada federal Ariana Rejón Lara hizo un llamado urgente al Gobierno de México para que diseñe, en coordinación con diversas dependencias, una estrategia de protección social que amortigüe el impacto económico en los hogares mexicanos que dependen de estos recursos. A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, la legisladora del PRI advirtió que esta medida afectará directamente a más de 11 millones de familias en el país.
Rejón Lara señaló que no se trata de sustituir el ingreso que representan las remesas, sino de contener las consecuencias sociales negativas que podría acarrear este nuevo gravamen. Propuso reforzar programas como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida en municipios con alta dependencia migratoria, así como otorgar subsidios y asistencia técnica desde SADER a familias que combinan estos ingresos con actividades agrícolas. Asimismo, planteó la necesidad de ampliar las acciones de la Secretaría del Trabajo en capacitación y empleo formal en regiones vulnerables.
La legisladora recordó que en 2024 México captó 64 mil 745 millones de dólares en remesas, lo que representó el 3.5% del PIB nacional. En Campeche, aunque no es uno de los estados con mayor captación, se registró un aumento importante en estos recursos, con 169.3 millones de dólares recibidos. Municipios como Campeche, Escárcega y Candelaria encabezan la lista de receptores. De no implementarse medidas compensatorias, advirtió Rejón Lara, se podrían agravar desigualdades estructurales en regiones que ya enfrentan altos niveles de pobreza e informalidad laboral.