El Congreso del Estado lanzó un llamado urgente al Senado de la República para priorizar el diálogo y fortalecer las instituciones electorales ante el alarmante contexto de violencia política en el país. De acuerdo con legisladores, en el primer trimestre de 2025 se han registrado al menos 50 asesinatos de políticos, incluyendo funcionarios estatales y municipales, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática en México.
Durante la discusión del denominado “Plan B” de reforma electoral, impulsado a nivel federal, diputados locales como Ismael Pérez Pavía advirtieron sobre la necesidad de reforzar los mecanismos contra la infiltración del crimen organizado en procesos electorales. Entre las propuestas clave destacan:
- Anular elecciones con intervención del crimen organizado
- Fortalecer la fiscalización de recursos en campañas
- Retirar registro y cargos a candidatos vinculados con financiamiento ilícito
- Impulsar consensos políticos y participación ciudadana
Asimismo, se alertó que la reforma podría debilitar a organismos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reducir sus facultades y autonomía.
En este contexto, el Congreso también exhortó a instancias como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera a reforzar la vigilancia sobre el origen de los recursos en campañas. Legisladores coincidieron en que la violencia política, que dejó más de 23 candidatos asesinados en 2024, evidencia la urgencia de blindar el sistema electoral y evitar que el crimen organizado influya en la designación de candidatos, especialmente en regiones vulnerables.