El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo mecanismos de validación de las resoluciones emitidas por autoridades indígenas. La medida busca garantizar que la jurisdicción especial indígena sea reconocida y coordinada con el sistema judicial estatal, cumpliendo con la sentencia derivada del Amparo 444/2024-II, que señalaba omisiones legislativas pendientes.
El diputado Arturo Medina Aguirre, en representación de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, explicó que las reformas adoptan la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la jurisdicción indígena como medida de reparación histórica y expresión del pluralismo jurídico. La validación no implica revisión de fondo de las decisiones indígenas, sino una homologación técnica que asegura el respeto a los derechos humanos esenciales, evitando que la justicia indígena se perciba como inferior o subordinada al Estado.
Las modificaciones incluyen la creación del Capítulo III Bis en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, con artículos que regulan el mecanismo de validación, y reformas específicas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo límites claros sobre la prohibición de tortura, tratos crueles, desaparición forzada y discriminación de género. Con estas acciones, el Congreso asegura un equilibrio entre autonomía indígena y estándares de dignidad humana, fortaleciendo la coordinación entre autoridades tradicionales y judiciales.