La diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo presentó una iniciativa que busca impedir y sancionar la especulación inmobiliaria que tenga el objetivo de obtener ganancias desproporcionadas al generar un incremento artificial de su valor fijando precios de oferta en el nivel máximo posible y que dé como resultado el encarecimiento del suelo o la vivienda.
La iniciativa, que reforma la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, señala también que, en la planeación, regulación y gestión de asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial, se impida la especulación inmobiliaria.
“La especulación inmobiliaria se ha convertido en un recurso de los particulares e incluso de los órdenes de gobierno locales para obtener ganancias muy superiores en un futuro, derivadas de la renta o venta de un inmueble o suelo que se mantiene en desuso o subutilizado previendo una mejora en la infraestructura o incluso considerando factores naturales de las ciudades como el crecimiento demográfico, a cambio de una inversión que no justifica la utilidad y que genera encarecimiento de la vivienda”, explicó la legisladora.
Y es que, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se considera que el alto costo de la vivienda en México y la percepción de bajos ingresos, genera la incapacidad de adquirir una vivienda a través de un financiamiento público o privado, es por ello que el ingreso familiar es uno de los principales factores asociados al rezago habitacional ya que 69.10% de los hogares recibe menos de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente.
La presente iniciativa incluye el término “especulación inmobiliaria” y faculta a las entidades federativas para expedir leyes en materia de especulación en las que se consideren criterios y mecanismos que permitan tasar el precio máximo de venta de un inmueble tomando como base su valor catastral, sancionar a los propietarios de lotes urbanos desocupados o subutilizados con fines especulativos, e incentivar el uso óptimo del suelo urbano, con el objetivo primordial de que la vivienda en México sea realmente compatible con la asequibilidad que implica este derecho humano.