En el Foro 11 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, convocado por la Junta de Coordinación Política y las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, se abordó el tema del financiamiento público para las campañas electorales.
La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz (Morena), comentó que en la actualidad estamos ante el reto de limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se entrega mensualmente cada año, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos para estos efectos. Las premisas proponen continuar el modelo actual o modificar de manera progresiva.
Señaló que es necesario transitar hacia un modelo diferente de financiamiento para los partidos políticos o seguir aportando del erario público muchísimo dinero para cada uno de los partidos o podemos transitar hacia una forma diferente de tener recursos, para que no les cueste tanto a los mexicanos la democracia.
El financiamiento del crimen organizado, foco de alerta
Daniel Díaz Cuevas, director general jurídico en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, afirmó que la presencia del crimen organizado en las elecciones es un foco de alerta al financiar a las y los candidatos y partidos políticos, a través de las criptomonedas, en los municipios y regidurías donde se vota menos y más interviene al imponer aspirantes, cooptando al Estado y tener vacíos de poder, que se llenan e inciden mediante la intimidación, coacción a candidatos provocando que renuncien al cargo o pierdan la vida.
Advirtió que el sistema punitivo electoral, a través de las fiscalías, no viene en las reformas propuestas. ¿Cómo tipificar o incluir nuevos tipos penales y pulir los del catálogo en la Ley General en la materia?, preguntó. Pidió profesionalizar a jueces federales y locales, policías, peritos y regular el uso de criptomonedas. En México llegó a 35 por ciento la presencia de la delincuencia organizada en las campañas 2020-2021, apuntó.
Reforma no sólo es oportuna, vuelve al origen
Alma Elena Sarayth de León Cardona, fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales para el proceso 2020-2024 en la Ciudad de México, consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal mantiene un sistema mixto garantizando condiciones reales en la competencia; “no sólo es oportuna, sino necesaria porque vuelve al origen cuando los partidos de oposición sobrevivieron de aportaciones de militantes comprometidos”. El financiamiento público deberá fortalecer el mecanismo de fiscalización, en particular el flujo de dinero en efectivo.
Eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias permitirá fortalecer a los partidos políticos, su democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia, generar auténticas escuelas de cuadros, facilitar la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios, abolir cúpulas anquilosadas, propiciar una participación auténtica, privilegiar la transparencia y rendición de cuenta, optimizar gastos, obligar a una administración ordenada y eficiente y “desincentivar al partido como un negocio personal o de grupo, porque el militante será su principal fuente de financiamiento”.
Financiamiento privado con pros y contras
Rodrigo Segura Suriano, director de normatividad de la Fiscalía Especializad en Investigación de Delitos Electorales, comentó que entre los pros del financiamiento privado está la recaudación de fondos, afianzar los puentes de contacto con la sociedad y que es derecho de los ciudadanos dar su respaldo a un partido no solo mediante el voto, sino a través de sus aportaciones, además de que los partidos políticos se verían obligados a rendir cuentas más claras y oportunas, y eficientar su gasto.
Respecto a los contras del financiamiento privado, aclaró, sería que los recursos privados podrían desequilibrar las condiciones de la competencia, además de que podría haber la injerencia de determinados grupos de interés que puedan erosionar al propio circuito partidista, aunado a que podría haber recursos de procedencia ilícita.