La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa encendió alertas en el sector empresarial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advirtió que esta medida, impulsada a partir de una resolución del 6 de abril, genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza de inversionistas y podría debilitar el Estado de derecho en el país.
La resolución, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, valida reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas cuando existan “indicios suficientes” de actividades ilícitas. Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal avaló un esquema que, según COPARMEX, pone en tensión principios constitucionales como la presunción de inocencia, al permitir afectaciones patrimoniales sin una resolución judicial previa. Este escenario, advierten, incrementa la percepción de riesgo en un contexto clave para la inversión internacional, especialmente bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El impacto podría ser más severo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que dependen de su liquidez diaria para operar. Ante ello, COPARMEX propuso medidas para garantizar controles más estrictos y evitar abusos, entre ellas:
- Definir criterios claros y verificables para justificar bloqueos
- Establecer control judicial previo en un máximo de 6 horas
- Limitar la duración de la medida a 15 días
- Garantizar notificación inmediata a los afectados
- Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
El organismo insistió en que combatir la ilegalidad no debe comprometer la certeza jurídica, considerada clave para el crecimiento económico y la estabilidad del país.