Cd. MX., 2 de noviembre de 2026.
El diputado federal priista Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para impedir que las autoridades reduzcan las pensiones y jubilaciones que fueron otorgadas antes de la reforma constitucional publicada el 10 de abril de 2026. El proyecto plantea proteger los derechos adquiridos de los pensionados y evitar que los nuevos límites a las remuneraciones públicas se apliquen de manera retroactiva.
La propuesta contempla modificar el artículo 127 de la Constitución y ajustar el régimen transitorio del decreto, a fin de garantizar que las pensiones previamente reconocidas conserven sus montos, condiciones y términos originales. El legislador argumentó que reducir estas percepciones vulneraría el artículo 14 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas. También señaló que la reforma de abril generó diferencias en el trato entre determinados regímenes especiales y trabajadores que ya habían consolidado su derecho al retiro.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que las instituciones públicas deberán devolver, en un plazo máximo de 90 días naturales, los recursos descontados o modificados indebidamente a los pensionados. Domínguez sostuvo que las jubilaciones son resultado de años de trabajo y aportaciones, por lo que sus condiciones no deben alterarse unilateralmente. La propuesta se suma a las expresiones de inconformidad registradas en congresos estatales y a una consulta nacional que, según el legislador, reunió más de 200 mil registros y firmas en respaldo a la defensa de los derechos de las personas jubiladas.
Lo más importante
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Alejandro Domínguez presentó una iniciativa para proteger las pensiones y jubilaciones.
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El proyecto busca modificar el artículo 127 de la Constitución.
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Las pensiones anteriores a la reforma del 10 de abril de 2026 conservarían sus condiciones originales.
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Se plantea devolver descuentos indebidos en un plazo máximo de 90 días naturales.
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El legislador advierte posibles violaciones al principio constitucional de irretroactividad.
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Una consulta nacional reunió más de 200 mil registros y firmas de respaldo, según el diputado.