La diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario de morena, denunció una “irresponsabilidad flagrante” por parte de partidos políticos y grupos afines que —aseguró— han emprendido una campaña de desinformación para desacreditar la reforma a la Ley Nacional de Aguas. La legisladora afirmó que estas narrativas buscan infundir miedo entre campesinos y productores, pese a que la iniciativa no elimina concesiones ni derechos de riego, sino que pretende poner orden donde por décadas han prevalecido la corrupción y la simulación.
Durante su posicionamiento, Pérez Reyes señaló que la oposición utiliza “pancartas y discursos prefabricados” para confundir a la ciudadanía, aprovechándose políticamente de un tema urgente. Recordó que la ley vigente, creada en 1992 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, permitió la fragmentación del patrimonio nacional, incluso en materia de agua. Para ilustrar la gravedad de la crisis hídrica, expuso cifras alarmantes: en Chihuahua existen más de 8,000 pozos ilegales; la CONAGUA carece de herramientas legales para sancionarlos; 36 regiones del río Conchos —con 66 mil habitantes— no cuentan con agua potable; y 21 mil hogares siguen sin acceso al líquido para consumo humano.
La diputada subrayó que Chihuahua vive uno de los niveles de estrés hídrico más severos del país, mientras continúan otorgándose concesiones a grandes corporativos “como si el agua fuera infinita”. En este contexto, destacó la urgencia de aprobar la reforma, cuyo objetivo es actualizar la legislación a la realidad climática, proteger las fuentes de agua, garantizar un acceso justo para la población y regular de fondo a quienes se beneficiaron del desorden durante años. “Esta reforma no es un capricho: es una defensa del derecho humano al agua y una oportunidad de romper con los privilegios que secaron a Chihuahua”, concluyó.