Durante una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el diputado federal Emilio Suárez Licona (PRI) expresó su preocupación por los posibles efectos negativos de la propuesta de reforma a la Ley Aduanera. El legislador reconoció la apertura del Ejecutivo al diálogo, pero advirtió que las nuevas disposiciones podrían incrementar significativamente los costos logísticos y operativos, afectando tanto a consumidores como a pequeñas y medianas empresas (pymes).
En su intervención, Suárez Licona cuestionó si existen estimaciones sobre el impacto que tendrán las multas de hasta 300% del valor de las mercancías y los nuevos requisitos de trazabilidad, biovigilancia y certificación. Puso como ejemplo la importación de maíz —con un valor anual de 5 mil millones de dólares—, señalando que cualquier alza en costos repercutirá directamente en la economía nacional. Recordó antecedentes como el caso de la preinspección aduanera, donde ya se había demostrado que ciertas medidas implicaban costos logísticos adicionales.
El diputado también alertó sobre el riesgo de que la reforma excluya del comercio exterior a las pymes, que constituyen el 95.5% de las unidades económicas del país y emplean a más del 40% de la población ocupada. Señaló que la baja digitalización de estas empresas —sólo el 23.5% de las microempresas usa internet en sus operaciones— podría impedirles cumplir con las nuevas exigencias tecnológicas. Por ello, solicitó información sobre posibles programas de apoyo o transición digital, advirtiendo que sin medidas de inclusión, la reforma terminaría favoreciendo únicamente a las grandes corporaciones.