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Denuncia América García a gobierno de NCG por suspender servicio de basura

La querella fue interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

por Redacción

Chihuahua. – La diputada local por Morena, América García, acudió este martes a las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para interponer una queja en contra de la administración 2021 – 2024 en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, debido a la suspensión de un servicio básico a la que toda sociedad tiene derecho, como es la recolección, traslado y confinamiento de la basura.

Por medio del escrito presentado este mediodía, la legisladora hizo un resumen de todos los hechos acontecidos desde el momento en el que la presidenta Municipal, Cinthia Marina Ceballos suspendió el contrato con la empresa, encargada por varios años, de la recolección de basura en esta ciudad argumentando que no era factible actualizar el contrato con esta empresa y con ello incrementar el pago de 13 millones a 24 millones de pesos.

“El H. Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes suspendió el supuesto deficiente servicio de recolección de basura por parte de la empresa asumiendo la presidencia a partir de ese momento dicha función; sin embargo, al contar únicamente con 6 camiones recolectores, de los cuales solo 2 eran funcionales, el supuesto servicio deficiente ha ido empeorando conforme transcurre el tiempo. Ahora vemos que cada decisión tomada, no ha hecho más que empeorar la situación, al grado de convertirse en un problema de salud, debido a la saturación de basura en las calles y a las altas temperaturas registradas”, puntualizó García Soto.

Recordó que desde el 16 de junio de 2026 fueron retirados los camiones recolectores que el Gobierno Municipal adquirió a la empresa Lifer del Norte S.A de C.V (Klifer) y que debido a una acción judicial encabezada por la Fiscalía de Distrito de la Zona Centro en coordinación con la Fiscalía de Distrito Noroeste se mantienen asegurados.

A pesar de esto, el Ayuntamiento nunca interpuso ningún recurso jurídico ni amparo para conservar las unidades por lo que la fiscalía terminó por recogerlas en cumplimiento al mandato judicial y el pueblo tiene que pagar por un servicio de recolección particular.

“Los antecedentes y hechos anteriormente descritos constituyen una violación a nuestros derechos humanos, así como de toda la comunidad de los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, en lo que respecta a los derechos a la salud y a un medio ambiente sano consagrados en el artículo 4to. Constitucional y en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, enfatizó la diputada morenista.

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