El Congreso del Estado aprobó reformas a diversas disposiciones legales con el objetivo de brindar mayor claridad jurídica y administrativa a los municipios en la contratación de financiamientos para inversión pública productiva. Las modificaciones permitirán armonizar la legislación estatal con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, atendiendo observaciones técnicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y presentado ante el Pleno por la diputada Carla Rivas Martínez. Entre los principales cambios aprobados se encuentra la precisión en los plazos máximos para contratar y liquidar créditos, los cuales no podrán exceder el periodo constitucional de las administraciones municipales y tendrán un límite de hasta 806 días naturales a partir de su formalización. Además, se reforzaron las disposiciones relacionadas con el análisis de la capacidad de pago de los ayuntamientos, así como la definición del destino y las fuentes de pago de los recursos.
Las autoridades legislativas señalaron que estas adecuaciones no modifican el fondo de las autorizaciones previamente aprobadas, sino que perfeccionan técnicamente el marco legal para facilitar el acceso oportuno a esquemas de financiamiento. Los recursos podrán utilizarse en proyectos de infraestructura, obra pública, adquisición de maquinaria, equipo y vehículos, con el propósito de atender necesidades prioritarias y fortalecer el desarrollo de los municipios.