Con la intención de establecer las bases, programas y lineamientos generales para planear, ordenar, regular, dar seguridad y protección a la movilidad de las personas y garantizar el desarrollo del transporte público, el diputado del PRI Omar Bazán Flores presentó ante el poder legislativo el proyecto para la creación de la Ley Estatal de Movilidad Urbana para el Estado de Chihuahua.
En el documento, se asienta que toda persona tiene derecho a tener a su alcance sistemas de movilidad, transporte asequibles y adecuados a las necesidades particulares y sociales, así como al desplazamiento por las vías públicas con facilidad, sin obstáculos físicos y de manera segura.
Bazán Flores comentó que entre las estadísticas que han sido públicas en los últimos años, se señala que el 80 por ciento de las unidades del transporte colectivo cuentan con deficiencias físicas o mecánicas, por tratarse de modelos de más de 10 años de antigüedad, aunque en Ciudad Juárez el problema es mayor.
“La ciudadanía está optando por utilizar otros medios de transporte a fin de reducir los problemas, tal es el caso de los vehículos no motorizados o de movilidad sustentable alternativa, por lo que con esta iniciativa se pretenden mejorar las condiciones actuales para ellos”, dijo.
El legislador consideró que la implementación y el impulso que se debe dar al transporte público es fundamental, principalmente para contar con mejores unidades y brindar un servicio integral, pero además implementar estrategias que ya han funcionado a nivel internacional, como una adecuada infraestructura ciclista para las personas que opten por trasladarse en bicicleta a sus casas, centros de trabajo u otros destinos.
Reiteró que con la iniciativa se pretende reglamentar de mejor manera el uso de los diversos sistemas de transporte, pero también promover las normas de seguridad y educación vial para los peatones, conductores, ciclistas y usuarios del servicio público.
Finalmente, Omar Bazán dijo que, con esta modificación, el Estado de Chihuahua contará además con un marco jurídico a fin de alcanzar los objetivos planteados en la Agenda 2030, en la que se busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los ciudadanos.