Durante la discusión en la Comisión de Justicia, las y los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la Ley General en Materia de Extorsión, al advertir que su aprobación en los términos actuales podría provocar la liberación de al menos 500 delincuentes peligrosos en estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, donde las penas vigentes son más severas que las contempladas en la nueva propuesta. Ante ello, el diputado Emilio Suárez Licona solicitó realizar parlamentos abiertos con la participación de la sociedad civil y expertos en derecho penal, pero la petición fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados.
En su posicionamiento, el legislador Alejandro Domínguez Domínguez alertó que, de no modificarse la iniciativa, se pondría en riesgo la seguridad nacional, pues solo en Chihuahua podrían quedar en libertad entre 130 y 150 personas sentenciadas por extorsión. También criticó que el artículo 30 del proyecto repite contenidos de otras leyes sin crear mecanismos nuevos ni recursos adicionales para proteger a las víctimas, calificándolo como “un ejercicio de simulación”. Además, señaló que la propuesta carece de plazos y responsabilidades claras para implementar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, lo que, dijo, la vuelve una “medida sin efectos reales”.
Domínguez y los diputados Emilio Suárez y Arturo Yáñez advirtieron errores de técnica legislativa, redacciones ambiguas y agravantes mal planteadas que incluso podrían criminalizar protestas sindicales o manifestaciones laborales. “Queremos fortalecer la seguridad de México, pero eso no se logra con leyes mal hechas ni decisiones improvisadas”, subrayaron, al reiterar su llamado a corregir el dictamen antes de someterlo a votación.