La diputada federal Marcela Guerra Castillo urgió a las entidades federativas que aún no han firmado convenios con el Instituto Nacional Electoral (INE) a hacerlo de inmediato, para permitir la identificación de personas mediante datos biométricos y el cruce de información que facilite la localización de personas desaparecidas. La legisladora advirtió que la falta de estos acuerdos limita la capacidad del Estado para responder a una de las crisis humanitarias más graves del país y prolonga la incertidumbre de miles de familias que buscan a sus seres queridos.
A través de un Punto de Acuerdo, Guerra Castillo subrayó que los convenios con el INE son una herramienta indispensable para enfrentar la crisis nacional de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad. Recordó que aún no han suscrito estos acuerdos las Comisiones Estatales de Búsqueda de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, así como las Fiscalías Generales de Baja California Sur, Jalisco, Sonora y Tlaxcala. La ausencia de estas firmas, dijo, impide realizar búsquedas biométricas e identificaciones inmediatas que podrían acelerar los procesos de localización.
La congresista del PRI enfatizó que la desaparición de personas es un problema estructural que impacta de manera desproporcionada a sectores vulnerables como migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de acuerdo con la Cepal. En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 133 mil casos hasta noviembre de 2025, mientras que colectivos denuncian apenas 373 condenas entre 2017 y enero de 2025. Para Guerra Castillo, cada cifra representa un hogar incompleto y una violación continua de derechos humanos que obliga al Estado a actuar sin demora.