La legisladora local Leticia Ortega Máynez integrante del Grupo Parlamentario de morena, dio a conocer que sometió ante el Congreso un proyecto con carácter de decreto con el fin de adicionar el artículo 36 Bis a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, para que garantice la progresividad en el presupuesto de egresos respecto al año fiscal inmediato anterior, en favor de los programas destinados a la protección de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas del delito, pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y personas con discapacidad.
Expuso la congresista que en la Constitución del país el artículo primero establece la obligación de todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual.
Es ‘progresividad en el presupuesto consiste en la capacidad redistributiva de la acción del Estado, y se mide a partir de la incidencia que las políticas y el gasto público tienen en el bienestar de la población más vulnerable. Es una herramienta para disminuir la desigualdad y promover el acceso igualitario a las libertades y al desarrollo humano’ recalcó Ortega Máynez .
A la par recordó que el artículo ocho de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua establece que “Las personas o grupos sociales en situación de pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad, discriminación o exclusión tienen acceso preferencial a los programas y proyectos tendentes a elevar la calidad de vida”. Es por esto que sus recursos deben estar enfocados en avanzar y no retroceder.
El Estado mexicano a partir del año 2011, tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por lo que el decreto que busca es que con el transcurso de los años la protección que da el estado a dichos grupos sociales continúe, pero con mayores fortalezas, finalizó la diputada.