Avalan derecho constitucional a la movilidad
La Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad de las y los diputados presentes una reforma constitucional para garantizar el acceso pleno al derecho a la movilidad en Chihuahua, con especial atención a personas con discapacidad, grupos en situación de vulnerabilidad y estudiantes de zonas urbanas y rurales. El dictamen fue presentado ante el Pleno por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana.
El legislador explicó que la reforma establece que las autoridades competentes deberán asegurar que todas las unidades de transporte público se encuentren en buen estado y ofrezcan condiciones adecuadas para las y los usuarios. Entre los puntos clave se incluye que los vehículos cuenten con espacios apropiados y confortables, condiciones higiénicas óptimas, correcto funcionamiento mecánico, control de emisiones contaminantes y medidas de seguridad. Asimismo, se establece la obligación de realizar mantenimiento periódico y retirar de circulación las unidades que no cumplan con los estándares establecidos.
Reforma deberá ser validada por los ayuntamientos
De acuerdo con el artículo 202 de la Constitución estatal, el dictamen será enviado a los 67 ayuntamientos de Chihuahua para el cómputo de votos y la eventual declaratoria de aprobación de la reforma constitucional.
Durante la misma sesión, el Congreso aprobó por mayoría modificar el decreto 56/2010 para corregir el nombre del organismo al que se enajenará un predio de 30 mil metros cuadrados, sustituyendo “Sindicato de Salud” por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud. El dictamen fue presentado por el diputado Ismael Pérez Pavía, quien explicó que se trata de una corrección administrativa necesaria para completar el proceso legal de transferencia del inmueble.
El terreno será destinado a la construcción de un centro deportivo y recreativo para integrantes del sindicato. El decreto establece que la obra deberá concluirse en un plazo máximo de dos años; de no cumplirse, el inmueble regresará al patrimonio del Estado.