Con la aprobación unánime del Congreso del Estado de Chihuahua, fue avalada la iniciativa del diputado Jorge Soto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y sancionar el acoso laboral, el hostigamiento y el abuso sexual dentro del servicio público. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y posible incorporación a la legislación nacional.
La iniciativa busca cerrar un vacío legal que mantenía estas conductas fuera del ámbito administrativo, limitando su castigo únicamente al terreno penal. Soto destacó que la reforma pretende impedir que servidores públicos utilicen su posición para ejercer violencia o acoso, incorporando la perspectiva de género y medidas cautelares que garanticen la protección de las víctimas. Además, las nuevas disposiciones definirán de forma explícita las conductas de acoso y abuso, considerándolas faltas graves sancionables con suspensión, destitución o inhabilitación del cargo.
El dictamen aprobado subraya que, pese a los avances en materia penal y de protocolos de género, la ausencia de una regulación administrativa ha obstaculizado la sanción oportuna de los responsables. Soto enfatizó que la medida busca fortalecer la integridad del servicio público y recuperar la confianza ciudadana: “No basta con ser éticos; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice del abuso”.