La iniciativa, aprobada durante la sesión de Cabildo de esta semana, establece la obligación para todas las dependencias municipales, tanto centralizadas como descentralizadas, de contratar al menos el cinco por ciento de su plantilla laboral con personas adultas mayores o con alguna discapacidad.
Portillo Araiza dijo que este paso hacia la inclusión laboral se acompaña de la exigencia de proporcionar instalaciones adecuadas para que estos grupos de la población puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva.
Los consejeros destacaron la importancia de esta medida, que representa un avance significativo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Esta reforma no solo busca generar oportunidades laborales, sino también garantizar condiciones laborales adecuadas para quienes forman parte de estos sectores vulnerables de la población.
Durante la misma sesión, David Limón, representante de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, anunció el cierre de la incorporación de personas mayores de 65 años al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
La pensión, que aumentará en el año 2024 a 6 mil pesos para adultos mayores y 3 mil 100 pesos para personas con discapacidad, tiene como requisitos la presentación de la INE vigente, copia de la CURP reciente, comprobante de domicilio y acta de nacimiento.