El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas con el fin de que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral recupere su carácter subsidiario y que los responsables directos, tanto personas como entes públicos, asuman plenamente la reparación del daño causado. La propuesta busca garantizar a las víctimas un acceso efectivo, oportuno y completo a la justicia, evitando retrasos e incertidumbre en los procesos de indemnización.
El legislador explicó que la iniciativa plantea modificar los artículos 65, 69, 70 y 71, además de adicionar los artículos 65 Bis y 65 Ter, para corregir distorsiones del modelo actual. Entre los cambios clave se establece que el sentenciado y los entes públicos sean los responsables primarios del pago de indemnizaciones, dejando al Fondo como un recurso excepcional, solo aplicable cuando exista imposibilidad real de cobro. Además, se obliga a las instituciones públicas a prever partidas presupuestales específicas para reparar daños por violaciones a derechos humanos y a reintegrar al Fondo los recursos utilizados en un plazo máximo de 30 días.
Domínguez Domínguez advirtió que el esquema vigente normaliza la irresponsabilidad institucional, al permitir que el Estado cubra con recursos públicos los costos de sus propias violaciones sin consecuencias correctivas. En contraste, la reforma propone un efecto disuasivo, al hacer que los entes responsables enfrenten el impacto financiero directo de sus actos, fomentando la prevención y mejores prácticas administrativas. La iniciativa se sustenta en la Constitución, la legislación nacional y tratados internacionales, y avanza hacia un sistema más justo y sostenible que coloca a las víctimas en el centro de las políticas públicas.