El diputado federal Rubén Moreira Valdez calificó como ilegal, autoritaria y perjudicial la nueva legislación en materia de aguas, al considerar que afecta directamente a millones de mexicanos, especialmente a campesinos, productores y pueblos originarios. Señaló que la ley fue aprobada sin consultar a quienes debería proteger y denunció que Morena avaló el dictamen sin análisis ni debate, votándolo en ambas cámaras en un lapso de apenas dos horas.
Moreira y especialistas como Miguel Sulub Caamal y Mario Di Costanzo advirtieron que la reforma convierte la normatividad hídrica en un instrumento de control político-social, apoyándose en una consulta realizada en 2019 que no corresponde a la nueva ley. Subrayaron que el artículo 22 limita la transmisión de derechos de agua para ciudadanos comunes, mientras otorga beneficios preferentes a grandes empresas. También alertaron que la reforma elimina facultades para impedir el acaparamiento del recurso, contradiciendo el discurso oficial. Incluso, afirmaron, legisladores de Morena desconocían artículos completos del documento de más de 500 páginas, evidenciando improvisación y falta de rigor legislativo.
Los críticos añadieron que la ley obliga a campesinos y productores a costear medidores, tecnificar sistemas de riego sin apoyos y asumir el riesgo de perder sus concesiones bajo criterios ambiguos de “responsabilidad hídrica”. Además, impone a los municipios la regulación del tamaño y tipo de tinacos y sistemas de captación en viviendas. Moreira acusó al gobierno de omitir inversiones necesarias en infraestructura hidráulica —estimadas en 100 mil millones de pesos anuales— frente a los 28 mil millones ejercidos por Conagua. Concluyó que la reforma tiene un fin político: controlar al campo y a las comunidades bajo un discurso que, dijo, contradice la propia actuación del oficialismo.