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Congreso pide cuentas por “La Escuela es Nuestra”

Legisladores solicitan a la SEP aclarar irregularidades y destino de más de 84 mil millones de pesos del programa federal.

por Redacción

Congreso exige transparencia en programa educativo

La 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por mayoría un Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, información sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del programa La Escuela es Nuestra. La propuesta fue presentada ante el Pleno por el diputado Jaime Torres Amaya, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Piden detalles sobre recursos y beneficiarios

El legislador solicitó que la dependencia federal precise el número de beneficiarios en Chihuahua durante 2026, así como el monto asignado al programa en la entidad y las posibles irregularidades detectadas. Recordó que este esquema fue implementado al inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de entregar recursos directos a escuelas de educación básica y media superior para el mantenimiento de planteles.

El programa opera mediante comités de padres de familia que reciben los recursos y son asesorados por los llamados Servidores de la Nación para decidir cómo invertirlos. Dependiendo del número de estudiantes, cada plantel puede recibir entre 200 mil y hasta 1 millón 500 mil pesos para obras y mejoras en infraestructura.

Señalan denuncias por mal uso de recursos

Torres Amaya afirmó que existe falta de transparencia en el manejo del programa, ya que se desconoce el destino de más de 84 mil millones de pesos invertidos a nivel nacional. Además, señaló que datos de la Secretaría de la Función Pública reportan 606 denuncias por presunto mal manejo de recursos, algunas de ellas presentadas ante la Fiscalía General de la República.

Entre las anomalías mencionadas se encuentran apoyos duplicados entre 2020 y 2022 por más de 1 millón 150 mil pesos, así como la asignación de 1.5 millones de pesos a tesoreros de siete Comités Escolares de Administración Participativa que ya habían fallecido. Por ello, el Congreso solicitó a la SEP esclarecer estas acusaciones y transparentar el uso de los recursos destinados al programa.

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