Impulsan reforma contra deudores alimentarios
Ante los largos procesos que enfrentan madres para obtener pensión alimenticia para sus hijos, la diputada Xóchitl Contreras presentó una iniciativa para fortalecer la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas (REPDAM). La propuesta busca garantizar que los padres que incumplen con la manutención enfrenten consecuencias legales reales y evitar que los juicios se prolonguen durante años sin resultados.
Registro casi no se utiliza en tribunales
El REPDAM fue creado en 2021 con el objetivo de registrar a quienes no cumplen con el pago de pensión alimenticia; sin embargo, en la práctica su uso ha sido mínimo. De acuerdo con información recabada en juzgados del estado de Chihuahua, desde su creación apenas se ha realizado una inscripción en algunos tribunales, situación que no refleja la realidad del problema.
La legisladora explicó que el procedimiento actual es complejo y obliga a las madres a iniciar trámites adicionales después de años de litigio. Esto, dijo, provoca que muchas mujeres terminen cubriendo solas los gastos de sus hijos, lo que constituye una forma de violencia económica.
Proponen sanciones patrimoniales y registro automático
La iniciativa plantea cambios para que el registro funcione de manera más efectiva y proteja a las familias. Entre las principales medidas destacan:
- Inscripción automática del deudor desde el primer incumplimiento de la pensión provisional.
- Registro de oficio en un plazo máximo de 24 horas sin trámites adicionales para la madre.
- Obligación de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de informar a los jueces sobre ingresos y bienes del deudor en un plazo de cinco días.
- Medidas como retención de devoluciones fiscales, bloqueo de cuentas bancarias y prohibición de vender propiedades por orden judicial.
- Restricción para ocupar cargos públicos, ser candidatos, proveedores del gobierno o realizar trámites notariales.
La reforma también contempla que el registro estatal se conecte con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establece sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o empleadores que obstaculicen la aplicación de la ley.
La diputada aseguró que el objetivo es claro: que la ley funcione y que ningún menor quede desprotegido mientras su derecho a la pensión alimenticia permanece sin cumplirse.