El diputado Carlos Olson denunció que el Gobierno Federal promovió una controversia constitucional contra el estado de Chihuahua no por asuntos de seguridad, salud o presupuesto, sino por una decisión educativa elemental: garantizar que el idioma español se enseñe correctamente en las aulas, conforme a sus reglas gramaticales y con sentido común. Para el legislador, esta acción refleja una preocupante distorsión de prioridades nacionales en un contexto marcado por violencia e insuficiencias educativas.
Olson sostuvo que el fondo del conflicto no es pedagógico, sino ideológico, al señalar que la Federación busca frenar la postura de Chihuahua de no permitir el uso obligatorio del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas. Afirmó que dicha práctica no representa un avance educativo, sino una imposición que genera confusión, empobrece el aprendizaje del idioma y politiza la formación académica desde edades tempranas. “La escuela no es un laboratorio ideológico; con los niños no se experimenta”, enfatizó.
El legislador aseguró que Chihuahua mantendrá su postura y dará la batalla legal para defender un modelo educativo basado en conocimientos sólidos, libertad de pensamiento y respeto al desarrollo integral de la niñez. Reiteró que el estado no cederá ante presiones centralistas y que su prioridad es proteger el derecho de niñas y niños a una educación clara y sin imposiciones ideológicas.
Puntos clave del posicionamiento
- Defensa del español conforme a sus reglas gramaticales
- Rechazo al uso obligatorio del lenguaje inclusivo en aulas
- Batalla legal contra la controversia constitucional