La senadora priista Paloma Sánchez Ramos acusó al gobierno federal de intentar imponer una Ley General de Aguas que, lejos de garantizar el derecho al agua, busca centralizar el control del recurso y someter al campo mexicano a decisiones políticas. Señaló que la crítica situación agrícola es evidente: México ha dejado de producir 12 millones de toneladas en los últimos años, importa más de la mitad del maíz y los márgenes de ganancia se han desplomado casi 40%, reflejo —dijo— del abandono del sector.
Sánchez advirtió que el proyecto de ley no fue consultado con los pueblos indígenas y permitiría al gobierno decidir discrecionalmente quién accede al agua. Explicó que la iniciativa persigue tres objetivos principales: concentrar la administración del agua en un gobierno que “ya controla todo”; reasignar volúmenes con criterios políticos; y limitar la libertad productiva del campo mediante restricciones que impiden operar a los productores como agentes independientes. Criticó además que se busque convertir concesiones en permisos temporales, pese a que representan derechos fundamentales para quienes producen alimentos. La legisladora lamentó que las movilizaciones campesinas sean minimizadas por la presidenta, ignorando la realidad de miles de familias que enfrentan la falta de apoyos, certidumbre y financiamiento.
La senadora afirmó que mientras los productores padecen criminalización, el narcotráfico mantiene control sobre distritos de riego sin investigación ni combate. Señaló que la propuesta gubernamental apunta a “administrar la ilegalidad” en lugar de impartir justicia. En este contexto, reiteró que el agua es un bien nacional y no propiedad del gobierno, por lo que el PRI no respaldará un dictamen que, a su juicio, condena al campo mexicano. Exigió escuchar a los productores y adecuar la ley para garantizar el derecho humano al agua y fortalecer a los sectores agrícolas y ganaderos del país.