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Bancadas opositoras impugnan reformas a Ley de Amparo y Amnistía

PRI, PAN y PRD presentan acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN

por Redacción

Las bancadas del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados han emprendido una firme oposición contra las recientes reformas a la Ley de Amparo y Amnistía impulsadas por el partido Morena, presentando acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, destacó la importancia de detener lo que considera un grave menoscabo a las libertades y la democracia en México.

En una declaración emitida desde el Senado de la República, Moreira Valdez criticó duramente las modificaciones realizadas por Morena, señalando que estas representan un retroceso en materia de derechos humanos al vulnerar el Artículo Primero de la Constitución Federal, el cual garantiza la protección de los derechos de los individuos más vulnerables. El político coahuilense subrayó que las reformas podrían limitar el acceso a la justicia, al favorecer únicamente a aquellos con recursos para costear abogados y tramitar amparos.

El legislador también hizo hincapié en la preocupación por la aplicación de la amnistía, enfatizando que esta no debe interferir con el derecho a la reparación del daño de las víctimas ni permitir al Ejecutivo exceder sus facultades constitucionales frente al Congreso. En ese sentido, Moreira Valdez destacó que las acciones impugnadas afectan directamente la división de poderes al otorgar al Ejecutivo atribuciones que corresponden al Poder Judicial, además de desafiar lo establecido en el artículo 73 constitucional sobre la concesión de amnistías por parte del Congreso.

Esta contundente posición de las bancadas opositoras refleja un profundo desacuerdo con las reformas legislativas promovidas por Morena, resaltando su compromiso por preservar el estado de derecho y los principios fundamentales que rigen la justicia en México. La batalla legal ahora se traslada a la SCJN, donde se espera que el debate sobre la constitucionalidad de estas reformas determine su futuro y sus implicaciones para el sistema jurídico del país.

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