La diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta Díaz, propuso adicionar un párrafo al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua con el objetivo de incluir el que toda persona tenga derecho a una vivienda adecuada.
La legisladora, detalló que en la actualidad, en la Ley de Vivienda el precepto indica que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada, digna y decorosa. La propuesta es cambiar el término “familia” por el de “persona”, fundamentado en que los derechos son para las personas en su individualidad y que, pertenecer o no a una familia, no debería ser obstáculo para acceder a un derecho garantizado por las leyes.
Adicional a los conceptos “digna y decorosa” se conceptualiza la característica de adecuada, con el fin de aportar claridad, y así evitar la libre interpretación las condiciones con las que debe contar una vivienda, pues actualmente los desarrolladores, sin más objetivo que las ganancias económicas construyen viviendas sin un parámetro que les señale las condiciones mínimas que se deben tener, lo cual muchas veces ocasiona el abandono de dichas viviendas.
En Ciudad Juárez, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había cerca de 70 mil 790 viviendas deshabitadas. Según el Infonavit (2012) Ciudad Juárez es el municipio que cuenta, hasta el 2012, con más viviendas abandonadas a nivel nacional.
Por lo anterior, es que resulta necesario integrar en el texto constitucional dichas condiciones, las cuales son señaladas por ONU-Hábitat como las necesarias e indispensables para la vivienda, las cuales son: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Para finalizar, Ozaeta Díaz, agregó que la Constitución actual de Chihuahua no señala explícitamente el derecho a la vivienda, por eso la propuesta de un nuevo texto constitucional para el estado, la cual dará oportunidad de integrar este derecho y así, a través de reglamentos y legislación secundaria, obligar a los desarrolladores a construir viviendas adecuadas para las y los chihuahuenses.