- La legisladora externó la necesidad de reconocer que el monopolio del proceso penal por parte del Ministerio Público facilita la corrupción.
La diputada federal Norma Aceves García presentó una iniciativa para que la Federación cuente con una institución autónoma, que proporcione insumos técnicos necesarios para la investigación y acusación del proceso penal, en asuntos del fuero federal.
En una propuesta ante la Comisión Permanente, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI plantea que esta institución se denomine Instituto Federal de Servicios Periciales y sea de carácter civil, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.
Expone que México mantiene un sistema de justicia penal contradictorio, ya que está comprometido con el respeto a los derechos de las personas que son sometidas a un proceso penal acusatorio, pero en la práctica se han mantenido ciertas estructuras que permiten la existencia de factores de riesgo en el propio proceso por parte del Ministerio Público.
La legisladora priista señala que, para garantizar el éxito de las reformas en el sistema de justicia penal, será necesario crear cursos dirigidos a las policías que llevan a cabo el proceso de investigación, tomando como punto de partida los estándares internacionales, así como la capacitación en materia penal.
Considera que el monopolio del proceso penal en sus etapas de investigación y acusación, por parte del Ministerio Público facilita la corrupción, incrementa la impunidad y no favorece los principios constitucionales sobre el derecho a la Justicia.
En consecuencia, advierte la diputada por el estado de Hidalgo, es necesario romper dicho monopolio, que los servicios periciales se inserten en la fase de investigación del proceso penal, con autonomía técnica y presupuestal, llevar a cabo la tarea, dentro del ámbito civil de la Seguridad Pública, pues actualmente el cuerpo de policía federal es la Guardia Nacional, que se debate también entre lo militar.
Por ello, propone reformar y adicionar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de independencia y autonomía de las instituciones policiales y periciales para la investigación de los delitos en materia del fuero federal.